El Senado de México ha dado un paso significativo al aprobar por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), que tiene como objetivo penalizar las llamadas de telemarketing abusivas y otras comunicaciones comerciales no autorizadas.
El problema principal que motivó esta reforma son las constantes llamadas comerciales, pero las enmiendas también se extienden a otros canales de comunicación que las empresas utilizan para promocionar sus productos. Esto incluye herramientas digitales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp.
Según la propuesta legislativa, las empresas que realicen contactos persistentes a través de llamadas o canales no autorizados para ofrecer tarjetas de crédito, seguros, préstamos, servicios u otros productos sin el consentimiento del consumidor podrían enfrentar multas que van desde 56,570 pesos (US $3,123) hasta 2.3 millones de pesos (US $126,982).
La senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Partido Acción Nacional (PAN) y patrocinadora de la iniciativa, afirmó que el objetivo es proteger la privacidad de los consumidores y permitirles optar por no recibir publicidad.
La propuesta original de Martínez contemplaba la creación de un mecanismo de registro para que las personas pudieran manifestar su deseo de no recibir publicidad, similar al Registro No Llame de EE. UU. Sin embargo, otros senadores argumentaron que el problema no radica en la falta de un registro, sino en la insuficiencia de las sanciones existentes.
Aunque México ya cuenta con dos registros de exclusión donde los consumidores pueden inscribirse para evitar la publicidad no deseada —REPEP para llamadas comerciales y REUS para servicios financieros—, el Senado concluyó que las sanciones actuales no han sido efectivas para disuadir las comunicaciones comerciales no deseadas.
La reforma se basa en datos de Truecaller, una aplicación móvil que identifica llamadas y mensajes de texto de números desconocidos. Los datos indican que México ocupa el sexto lugar a nivel mundial en cuanto a las llamadas de spam, con un promedio estimado de entre 20 y 25 contactos no deseados por usuario al mes.
Además, la propuesta advierte que esta avalancha de llamadas no solo interrumpe las actividades diarias de las personas, sino que también puede aumentar su exposición a intentos de fraude.
La senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde (PVEM), subrayó que todos tienen derecho a no recibir llamadas persistentes de empresas. Ahora, enfatizó, “no podrán hacerlo sin nuestro consentimiento, ya sea por mensaje de texto, correo electrónico o cualquier otro medio.”
La reforma ahora pasará a la Cámara de Diputados para su consideración y votación final. De ser aprobada, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
