La semana pasada, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a 25 entidades en México, incluyendo negocios de cambio de divisas, gasolineras y establecimientos de alimentos y bebidas, por sus supuestos vínculos con el Cartel de Sinaloa. Estas acciones forman parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar las operaciones de este cartel y otros grupos criminales mexicanos, considerados organizaciones terroristas extranjeras por la administración de Trump.
Además de las empresas, el Tesoro también sancionó a 21 individuos, entre ellos Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, quien es hijo del infame líder del cartel Ismael “El Mayo” Zambada García, actualmente encarcelado. También se encuentra Carlos Alberto Torres Torres, exmarido de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
El comunicado del Tesoro establece que estas designaciones incluyen a líderes del cartel y a figuras clave en la corrupción política que permiten la operación del Cartel de Sinaloa cerca de la frontera con EE. UU. “Como resultado de esta acción, todos los bienes e intereses de las personas designadas en EE. UU. son bloqueados”, advirtió el Tesoro.
Las sanciones abarcan principalmente a entidades en Baja California, donde se han identificado conexiones directas con figuras del cartel. Por ejemplo, el hotel “Servicios Hoteleros Gastelum”, vinculado a Hildegardo Gastelum García, un importante traficante de drogas, se encuentra entre las empresas sancionadas.
Entre las entidades también se encuentran casas de cambio como Galerías Centro Cambiario y Mia Centro Cambiario, utilizadas para facilitar el lavado de dinero para el cartel. El Tesoro destacó que estos negocios operan en complicidad con redes en California para trasladar dinero proveniente del narcotráfico a México.
El grupo “Los Mayos”, que se disputa el control del cartel con “Los Chapitos”, ha intensificado su conflicto en los últimos años, lo que ha llevado a un aumento de la violencia en la región. Las sanciones no solo afectan a individuos y empresas, sino que también implican la acusación de varios funcionarios mexicanos en relación con el tráfico de drogas.
En este contexto, el Tesoro subrayó que las conexiones de corrupción han llegado a los más altos niveles del gobierno estatal de Baja California, destacando la figura de Carlos Torres como un operador político vinculado al cartel. Se alega que utiliza su influencia para proteger las actividades del Cartel de Sinaloa de la intervención gubernamental.
Las sanciones reflejan una estrategia más amplia de EE. UU. para combatir el narcotráfico y la corrupción en México, y resaltan la complejidad de las redes criminales que operan en la región. Con la creciente presión, se espera que estas acciones generen un impacto significativo en la capacidad de los carteles para operar con impunidad.
