Un comité de la ONU que supervisa la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas ha renovado su llamado a la Asamblea General para abordar la problemática de las desapariciones en México. Este asunto fue destacado en un informe presentado el martes por Juan Pablo Albán Alencastro, presidente del Comité de Desapariciones Forzadas (CED), ante la Comisión Social, Humanitaria y Cultural de la Asamblea General (Sochum).
Albán enfatizó que la situación en México debe ser considerada como crímenes de lesa humanidad, una declaración que ha sido rechazada por el gobierno mexicano. Este es un hecho sin precedentes, ya que es la primera vez que el CED recurre al artículo 34 de la Convención para solicitar que la Asamblea General examine la situación de un país específico desde su entrada en vigor.
Durante su intervención, Albán subrayó la importancia de este procedimiento excepcional, que brinda la oportunidad de movilizar la cooperación internacional para la búsqueda de personas desaparecidas, la investigación de casos y la protección de las víctimas. “El objetivo es proporcionar apoyo para la adopción de medidas preventivas que permitan a México afrontar la crisis de manera efectiva”, señaló.
En la misma línea, el Ministerio del Interior de México presentó un informe a la ONU, donde se afirmaba que más de 16,000 personas habían sido localizadas en el transcurso del año, y que un grupo de especialistas, con apoyo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, está revisando las metodologías del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
La Federación Internacional de Derechos Humanos, que solicitó la activación de los procedimientos de la CPED, expresó su agradecimiento al comité por sus acciones, destacando que la decisión “reconoce la existencia de crímenes internacionales emblemáticos de la experiencia de las víctimas en México” y busca contribuir a la adopción de medidas para prevenir, investigar y erradicar tales conductas.
Este desarrollo se produce en un momento crítico para el sistema internacional de derechos humanos, donde la eficacia de los mecanismos de protección es esencial para cumplir con las responsabilidades asignadas por los Estados. La comunidad internacional observa con atención cómo se desarrollan los acontecimientos y espera que se tomen medidas efectivas para abordar esta grave crisis en México.
